Los informes sobre derechos humanos y la situación en Oaxaca

Roberto Garretón* La Jornada

La Comisión Internacional de Juristas, a petición de la Obra Diacónica Alemana, encargó al abogado que suscribe un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca, con el fin de divulgar los hechos que se suceden desde mayo de 2006 en ese estado.

El informe se elaboró respetando todos los estándares internacionales que la práctica ha ido imponiendo desde que en 1945 se comenzó a gestar una cultura jurídica, política y moral basada en el respeto integral de todos los derechos humanos, en una dimensión universal. El informe describe los hechos luego de haber entrevistado a todos los actores posibles, tanto del lado de las víctimas de los atropellos a sus derechos, como de las autoridades locales a las que se acusa, sea por acción, sea por omisión. Los hechos son analizados a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, declarativos o convencionales, regionales o universales, así como de los códigos y leyes nacionales o estatales y la doctrina penal generalmente aceptada. Sin perjuicio de la existencia de otras violaciones a los derechos humanos, el informe se centra especialmente en las numerosas detenciones arbitrarias que se han producido a lo largo del conflicto, y en la impunidad que impera en las 24 ejecuciones sumarias y las alegaciones de torturas que en él se consignan.

El documento da cuenta de las reacciones de las autoridades oaxaqueñas ante otros informes elaborados por otras entidades de distinta naturaleza y de gran prestigio como los de la intergubernamental Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los de Amnistía Internacional y los de otros grupos interesados en la situación imperante.
Lamentablemente, las autoridades de Oaxaca –como muchas otras en muchos países– no aciertan a ver la razón profunda que motiva a extranjeros a preocuparse de lo que ocurre en otras naciones. En el informe se da cuenta de opiniones completamente fuera de lugar, como la de calificar a las ONG de asistentes de los violentistas y de faltar a la verdad; o decir que un informe de Amnistía Internacional fue redactado por los abogados de la APPO; o que las ONG se han vuelto un negocio, o que son –“salvo algunas”– carentes de moral; o que la CIDH y otras organizaciones “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”.

Otros protestan porque estos informes y estas visitas constituirían presiones sobre el Estado, las que serían, además, ilegítimas. Nada más lejano de la verdad: ni las ONG de derechos humanos son asistentes a los violentistas por el hecho de serlo; ni trabajan por negocio, ni actúan con propósitos torcidos. Simplemente ejercen la función espléndida que a todos los seres humanos encomienda la Declaración Universal de los Derechos Humanos: contribuir al “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

Este es el mandato del universalismo: todos los individuos, todas las instituciones, todos los pueblos, todas las naciones están (estamos) obligados a esforzarse (esforzarnos) por el ideal común que la declaración plantea, no importa en qué rincón del mundo el ideal común de derechos y libertades no sea respetado.

El silencio frente a los abusos denigra a quien lo practica tanto como la participación en ellos, y contra él se rebelan los defensores de los derechos humanos, ya sea solidarizándose con los afectados, ya sea informando la verdad, que, por último, es una poderosa herramienta solidaria.
El silencio es también contrario a la historia de México, que en los momentos más duros vividos en América Latina y el mundo abrió sus puertas hospitalarias a refugiados de Rusia, Alemania, España, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Chile –el país del autor del informe y de este artículo– y de muchos otros países.

El informe fue presentado primero en Oaxaca, luego en el Distrito Federal y más tarde en Ginebra. En esta ciudad se tuvo una cordial audiencia con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias. Se entregó también al señor embajador de México en Ginebra, don Luis Alfonso de Alba, cuya labor como presidente del Consejo de Derechos Humanos ha sido reconocida por la comunidad de derechos humanos, quien comprendió perfectamente bien el sentido del texto –aun con algunas reservas que planteó– y anunció que lo transmitiría a las autoridades federales.

La CIJ, la Obra Diacónica Alemana y el suscrito esperan que el informe, y sus conclusiones y recomendaciones sean acogidos por las autoridades de Oaxaca como una contribución para resolver los gravísimos problemas que afectan a ese estado.

* Abogado chileno. Representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos