Crimen de Estado, el feminicidio en Oaxaca, deploran ONG

Oaxaca, Oax., (apro-cimac).- Aquí la violencia contra las mujeres no sólo es una cuestión de presupuesto, es también un problema de una concepción misógina de que "valemos muy poco" y, por tanto, el Estado no tiene que invertir en esta materia, sostuvo Ana María Hernández Cárdenas, quien apuntó que en la entidad el ‘feminicidio’ es un “crimen de Estado”.

Hernández, representante en la entidad del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, recordó junto con Yessica Sánchez Maya, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), que en Oaxaca siguen impunes y sin investigar los casos de al menos cuatro mujeres que desaparecieron sin motivo alguno, en tanto una joven violada no puede recibir atención adecuada.

Sánchez Maya añadió que la desaparición de Verónica Profesa Zárate López, en 2004; Mericia Hernández, en 2005; Antonia, una mujer del Istmo, y de Eloyna Zárate Ventura, en junio pasado, son sólo cuatro ejemplos de que la política del gobierno estatal es pura simulación.

La falta de avances hace evidente que los discursos no se traducen en acciones que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, “no podemos permitir que otra mujer desaparezca, ello es un síntoma grave de la indiferencia y la poca importancia que merece para las autoridades el tema”, dijo la activista en derechos humanos.
La presidenta de la Limeddh llamó a que de manera urgente la violencia contra las mujeres sea un tema prioritario dentro de las políticas públicas y se homologue el marco legal interno al marco del derecho internacional de los derechos humanos.

Ambas representantes de organizaciones no gubernamentales también demandaron la destitución de los funcionarios que dirigen la estructura institucional que supuestamente atiende la violencia contra las mujeres, desde la Procuraduría local, la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y los agentes del Ministerio Público.

También cuestionaron la actitud del Poder Legislativo, que hace caso omiso a las propuestas ciudadanas para que las mujeres vivan sin violencia, o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha desempeñado un “negro papel” al legitimar la violencia en Oaxaca.

El tiempo pasa y las familias de estas mujeres no tienen ningún tipo de avance en las investigaciones y, paradójicamente, "cuando se trata de reprimir y criminalizar al movimiento social, detienen e integran averiguaciones previas, y consignan personas en menos de 24 horas", sostuvo Sánchez Maya.

Ana María Hernández también pidió que los resultados de la investigación sobre violencia feminicida en Oaxaca, que entregó la diputada Marcela Lagarde en mayo de 2006, sean públicos, pero sobre todo que el gobierno asuma con acciones contundentes la grave situación que se establece en ese documento.

Después de destacar que 70 mujeres son asesinadas cada año en Oaxaca y que las cifras son alarmantes, la representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad apuntó que lo más dramático es que el gobierno haya guardado esa información, y "que esta realidad tan horrorizada que se muestra no sea conocida por la ciudadanía".

No hay avances

Por otra parte, Reyna Ventura, madre de Eloyna Zárate Ventura, narró cómo en los últimos diez meses ha visto pasar dos procuradores, tres MP y una serie de funcionarios que sólo tienen las mismas palabras para ella: "No hay avances".
Su hija de 21 años, quien era supervisora de cobranzas de la tienda Coppel, desapareció en horario de trabajo y, sin embargo, el gerente de la empresa, Juan Manuel Peraza Sánchez, no quiso informarle a qué clientes habría visitado su hija ese día.

Con semblante sereno, Reyna Ventura pidió de nueva cuenta al actual procurador atienda su caso, que dejen de mostrarle el mismo expediente, como si el tiempo no hubiera pasado, porque Eloyna es una persona, "y no es justo que las cosas se queden así, como si nada, como si nunca hubiera existido".

Hernández Cárdenas y Sánchez Maya expusieron que la situación de simulación de atención a la violencia en Oaxaca es grave, y muestra la debilidad institucional que existe.
Mencionaron el caso de una joven indígena, víctima de una violación tumultuaria hace menos de un mes.

"No sólo le negaron la atención médica adecuada en un hospital, sino que en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales ni siquiera le pudieron proporcionar la pastilla de anticoncepción de emergencia porque no había".

— ¿Entonces —preguntó Ana María Hernández Cárdenas— qué más podemos esperar las mujeres de esas instituciones, que siguen teniendo carencias materiales y una concepción misógina?